Se ha aprobado un Decreto ley para regular las viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes. Son pueblos y ciudades con problemas de acceso a la vivienda, que ya tienen más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes o que cumplen ambos requisitos.
Estos municipios no podrán otorgar licencias de apertura de pisos turísticos hasta que adapten su planeamiento urbanístico al nuevo Decreto ley.
Los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda.
Deberán justificar que cuentan con suelo suficiente para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente.
Se podrán otorgar como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes.
Los nuevos pisos turísticos que se quieran instalar en estos lugares tendrán que pedir una licencia urbanística municipal y una autorización turística previamente a la apertura, que serán vigentes durante cinco años renovables. p>
¿Qué pasará con los pisos que ya existen?
Los titulares dispondrán de cinco años para pedir la nueva licencia urbanística, a contar desde la entrada en vigor del Decreto ley, o tendrán que cesar la actividad.
En estos cinco años, los ayuntamientos afectados tendrán que haber modificado su planeamiento municipal y, por tanto, estar en condiciones de dar respuesta a estas solicitudes.
Se calcula que la obligación de obtener la nueva licencia afectará a 95.094 pisos existentes en los 262 municipios afectados.
Pese a esto, los titulares podrán pedir al ayuntamiento una prórroga de cinco años más si acreditan que no pueden compensar las pérdidas patrimoniales. El régimen transitorio de cinco años, y la eventual prórroga de otros cinco años, operarán como mecanismo indemnizatorio.
Pisos turísticos y viviendas permanentes
La aparición del fenómeno de los pisos de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente. Esto se debe a que los pisos de uso turístico no son de nueva construcción, sino alojamientos existentes que cambian de destino.
Es por eso que el Gobierno adopta medidas urgentes, mediante este Decreto ley, para evitar que se incrementen los cambios de usos en pisos turísticos específicamente en aquellas zonas donde el acceso a la vivienda ya presenta problemas habitualmente.
DIVERSIDAD De OPINIONES. Ante el que fue un anuncio inesperado desprendido de una reunión ordinaria del Gobierno, las reacciones de los alcaldes de la comarca han sido diferentes en función de la idiosincrasia del municipio. En los pueblos más pequeños y menos turísticos, como por ejemplo Cantallops, ven el decreto con buenos ojos.
El alcalde, Joan Sabartés, recuerda incluso que «no hace demasiado tiempo estábamos hablando que tendríamos que hacer algo», porque «mucha gente quiere hacer la casa de uso turístico, pero empezamos con cuatro o cinco y ahora ya hay un piloto. Por eso ya lo queríamos regular con un tope. Porque el que interesa es que la casa sea de la gente que viene a vivir, no con este sistema».
En cambio, los municipios más grandes y turísticos consideran que la imposición generalizada de esta nueva norma será un gran escollo para sus economías. Desde Llançà, por ejemplo, la alcaldesa, Nuria Escarpanter, cree que «esto se tendría que haber enfocado diferente» por no vulnerar las «autonomías locales». «Cada municipio es y tiene una realidad muy diferente. Por lo tanto, si esta normativa se aplica de este modo, creo que puede haber un desequilibrio territorial muy importante, porque te puede afectar a tú, pero quizás en el municipio del lado no…».
Además, añade que los cambios generarán un impacto negativo en la economía de la zona, porque «Llançà es un pueblo turístico que necesita ofertar estas plazas». Y a pesar de admitir que se tienen que regular, cree que es «el mismo municipio» quién lo tiene que hacer en función «del que más le conviene».
Y en el mismo sentido se expresa el alcalde del Puerto de la Selva, Josep Maria Cervera, que también critica que se intente «aplicar la misma medicina para todas las enfermedades, y para los que no tienen la enfermedad». Cervera alerta que la nueva regulación puede suponer el fin del modelo económico de su pueblo, que casi no tiene sector primario ni industrial, y que vive plenamente del turismo.
Actualmente el Port de la Selva tiene 621 pisos turísticos registrados. Y «según esto, en condiciones óptimas podríamos tener 50, y 100 como máximo», dice Cervera, que añade: «Que me digan quién decide a qué 521 se los tiene que decir que se los ha acabado», matizando que no se trata de grandes tenedores, sino de familias que durante años han invertido sus ahorros.
EL SECTOR, EN CONTRA. La Generalitat atribuye el cambio al hecho que «la aparición del fenómeno de los pisos de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente». Pero el sector no está de acuerdo. De hecho, la presidenta de la Asociación Turística de Apartamentos (ATA) en las comarcas gerundenses, Esther Torrent, recuerda que «hay un 10% de pisos vacíos y los apartamentos turísticos solo representan un 2% del parque de viviendas de Cataluña».
Torrent alerta que los municipios de la Costa Brava «tendrán que eliminar entre el 40 y el 60% de los apartamentos» que hay con una licencia vigente a día de hoy, y asegura que esta limitación repercutirá en otros establecimientos del sector como por ejemplo la restauración, el comercio o las actividades de ocio y náuticas.
Además, desde Llançà Escarpanter dice que el que encuentra «más criticable» es «que no se haya consultado, en este caso en los municipios, para ver si realmente esto nos estaba bien o no, ni tampoco al sector, que somos parte fundamental». Y en base a esto, varias asociaciones (la ATA, la Mesa Gerundense de Turismo, la FOEG, la Cámara de Comercio o el Colegio de APIO de Girona) hicieron viernes una rueda de prensa conjunta para alertar el Gobierno que la nueva normativa puede comportar la pérdida de hasta 5.000 puestos de trabajo a la demarcación de Girona. Aseguran que el cierre de apartamentos tendrá un impacto económico negativo en comercios y restauración, porque la normativa puede comportar la pérdida de hasta 500.000 visitantes.
Las asociaciones también critican que se proponga «la misma medicina para todo el mundo» porque creen que la realidad de ciudades como Barcelona es muy diferente a la de pueblos como Colera. Y lo ejemplifican explicando que los topes propuestos por la regulación indiquen que en Figueres, por ejemplo, podría haber 4.709 HUT, cuando actualmente solo hay 299 de registrados (en el caso de la capital el problema es el de vivienda). Y la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos estudia emprender «la vía legal» contra el decreto.